El Movimiento Cívico Participación Ciudadana aseguró este lunes que aún se mantienen los altos niveles de inseguridad ciudadana en la República Dominicana.El capítulo dominicano de Transparencia Internacional, destaca en su informe anual “todavía no se ven los cambios en la Policía Nacional”.
Participación Ciudadana asegura que todavía la población no se siente protegida por la Policía y la confianza en su eficacia y honestidad sigue siendo baja.
“Las estadísticas de homicidios muestran una ligera baja en el 2023, no ha pasado lo mismo con los feminicidios y los atracos que siguen siendo una realidad que atormenta la vida de los ciudadanos y ciudadanas”, subraya el informe.
En cuanto a las actuaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) señala que han sido eficaces en la incautación de grandes alijos, aunque el micro comercio de sustancias prohibidas sigue siendo un enorme problema que contribuye a fortalecer la delincuencia.
La organización dice en su informe que el 2023, ha sido un año de exceso de campaña electoral, lentos avances en la institucionalidad y fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Sin embargo, considera que se ha registrado algunos avances en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y la impunidad.
En el punto cuatro de su informe, Participación Ciudadana destaca como “buena organización electoral y respuesta eficiente del Tribunal Superior Electoral.
A continuación, el informe integro de Participación Ciudadana del año a punto de concluir.
1. Pocos avances en las reformas institucionales.
Para el 2023 la sociedad dominicana esperaba la aprobación de un conjunto de leyes de reformas institucionales que fueron prometidas por el actual gobierno y sometidas al Consejo Económico y Social. El año está por terminar sin que el Congreso Nacional muestre voluntad de conocerlas y aprobarlas. De todas ellas, solo fue aprobada la reforma de la Ley de Régimen Electoral, Ley 20-23 y el Reglamento General de Aplicación de la Ley 90-16 Orgánica de la Policía Nacional, quedando pendientes la de Partidos Políticos, la de calidad educativa, reforma fiscal, reforma de la seguridad social, hidrocarburos, cambio climático, migración, salud, seguridad ciudadana, el Código Penal, la modificación de la ley de Cámara de Cuentas y la Modificación de la Ley de Contrataciones Públicas.
La dirigencia política y en especial el Congreso Nacional, han seguido mostrando falta de voluntad para hacer realidad la gran cantidad de reformas que el país reclama. Los legisladores se pasaron el año en campañas proselitistas a destiempo, con el resultado de que tendremos que esperar por las reformas mucho tiempo más porque, de seguro, los señores legisladores no encontrarán tiempo para ello el próximo año electoral.
En el 2023, la sociedad civil organizada continuó jugando un papel fundamental en la lucha por la transparencia, contra la corrupción y la impunidad. Asimismo, la prensa en general y, especialmente, los programas de investigación han sido pilares en los avances que hoy tenemos en esta materia. La ciudadanía en general aumenta su participación, fundamentalmente a través de las redes sociales.
2. Algunos avances en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y la impunidad.
En materia de transparencia, el 2023 estuvo marcado por altos y bajos, respecto al desempeño de los diferentes organismos del Estado dominicano. Las notas bajas se las llevan los de control externo, como la Cámara de Cuentas (CCRD) y el Congreso Nacional, en su rol de fiscalización. Mientras que los organismos de control interno, como la Contraloría General de la República (CGRD) y sus unidades de auditoría interna o antifraude y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) han mantenido o aumentado su incidencia y de alguna manera, han compensado las deficiencias del control externo, por lo que se llevan las notas más altas.
Tal como se comprometió, el presidente Abinader no ha sido indiferente ni tolerante frente a las denuncias que involucran a funcionarios de su gobierno en acciones contrarias a la ley o violatorias a la ética. Desde que inició este periodo gubernamental, más de 40 funcionarios públicos han sido destituidos, suspendidos o han tenido que renunciar.
3. Exceso de campaña electoral.
El 2023 se caracterizó por un exceso de campañas a destiempo, irrespeto a las leyes electorales, publicidad estatal masiva, intento de incumplir con la cuota de género, entre otras violaciones. El país ha presenciado el desbordamiento de la precampaña en todos los ámbitos nacionales. Sin ningún respeto por los plazos establecidos, la mayoría de los partidos políticos iniciaron sus actividades de precampaña antes de la proclama, violando las disposiciones del artículo 179 de la Ley de Régimen Electoral.
4. Buena organización electoral y respuesta eficiente del Tribunal Superior Electoral.
La organización de las elecciones del 2024 avanza bien. A pesar de las dificultades presentadas por la JCE para limitar y sancionar la campaña a destiempo, es importante mencionar sus esfuerzos para cumplir con el cronograma electoral, lograr consensos a lo interno del pleno, pero también frente a los partidos políticos, así como organizar y supervisar los procesos internos de los partidos políticos. En estas funciones, la JCE mostró un ejercicio eficiente y transparente que contribuye al fortalecimiento de la democracia.
El Tribunal Superior Electoral ha hecho un trabajo eficiente que fortalece a la democracia y el sistema de partidos, dirimiendo los conflictos electorales con celeridad y justicia, lo cual ayudará a evitar atrasos que puedan afectar las elecciones municipales de febrero.
Por fin fue nombrado recientemente el Procurador Fiscal Electoral, el magistrado Iván Vladimir Féliz Vargas, quien deberá asumir un rol activo en el fortalecimiento del sistema electoral con la persecución de los delitos electorales.
5. Avances en la reforma del sistema judicial, arduo trabajo en el ministerio público, pero con fuertes amenazas de que los tribunales permitan la perpetuación de la impunidad por la vía del vencimiento de los plazos.
La República Dominicana avanza en su proceso de reforma judicial, tanto desde el lado de los jueces, como del Ministerio Público. Participación Ciudadana entiende que, en sentido general, se ha avanzado en el fortalecimiento de las Altas Cortes. Tanto el Tribunal Constitucional, como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral han realizado importantes esfuerzos que impactan positivamente los diferentes ámbitos de su incumbencia y contribuyen al mejoramiento del sistema de justicia. Sin embargo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia seguimos aspirando a la reducción de la población de presos preventivos, la agilización de los procesos contra la corrupción administrativa y un mayor acceso de la población al derecho a la justicia.
La mayor amenaza a la justicia es la impunidad. El principal responsable de que la impunidad logre mantenerse a flote por la vía de la extinción de la acción penal por la llegada del plazo de duración máxima del proceso, es el Poder Judicial y de manera específica, cada juez, pues su deber es administrar el proceso judicial de manera que se pueda hacer justicia, absolviendo o condenando en un plazo razonable.
6. Altos niveles de inseguridad ciudadana.
Se mantienen altos niveles de inseguridad ciudadana, todavía no se ven los cambios en la Policía Nacional. Las estadísticas de homicidios muestran una ligera baja en el 2023, no ha pasado lo mismo con los feminicidios y los atracos que siguen siendo una realidad que atormenta la vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Las actuaciones de la Dirección General de Control de Drogas han sido eficaces en la incautación de grandes alijos, aunque el micro comercio de sustancias prohibidas sigue siendo un enorme problema que contribuye a fortalecer la delincuencia.
Todavía la población no se siente protegida por la policía y la confianza en su eficacia y honestidad sigue siendo baja.
7. Ralentización del crecimiento económico.
La economía dominicana sigue siendo afectada por una serie de factores exógenos que han convulsionado el mundo desde que se inició la presente década. Los obstáculos al comercio de mercancías y servicios y las políticas aplicadas para contrarrestar la inflación han dificultado el crecimiento. En este contexto, los datos apuntan a un crecimiento económico positivo, pero relativamente bajo de la economía mundial para el 2023.
Dado que el gobierno no tiene control de esta cadena de eventos mundiales, lo que ha hecho es reaccionar con medidas de alivio a la inflación y de impulso económico en los momentos en que ha sido posible. El crecimiento económico podría haber resultado nulo o negativo de no haber sido por la fuerte recuperación del turismo y en menor medida de la agricultura, puesto que la minería, la industria, zonas francas y construcción llegaron hasta septiembre en números negativos.
En el 2023, una vez más la diáspora dominicana ha contribuido de manera significativa al país, con remesas que se espera sobrepasen los 10 mil millones de dólares al finalizar el año.
La deuda del sector público no financiero ascendió a US$55 mil millones a octubre del 2023, lo que constituye el 46% del producto. A esto habría que agregar la deuda creciente del Banco Central, desde la crisis de Baninter, al punto de que sus valores en circulación superaron el millón de millones de pesos, lo que agrega a la deuda pública casi 20,000 millones de dólares adicionales, elevándola al 61% del PIB.
La confianza de los mercados internacionales en la economía dominicana ha aumentado, básicamente al proyectar una mejoría en la lucha contra la corrupción y mayor institucionalidad, permitiéndole realizar una serie de operaciones de manejo de deuda para bajar los costos y alargar los plazos, con lo que algunas agencias han mejorado la calificación de riesgos del país.
Está claro que el principal reto que tiene el país para el 2024 es la celebración exitosa de las elecciones generales en todos sus niveles. El pueblo dominicano siempre respalda su sistema democrático, corresponde entonces al gobierno que aspira a reelegirse, a las autoridades electorales y a los partidos políticos comportarse a la altura de los avances que ha tenido el país en materia electoral, estabilidad política y económica, cumplir a cabalidad con las leyes y seguir mostrando ante el mundo una República Dominicana capaz de avanzar en medio de las dificultades.
